Nuevas reglas de MSCI podrían obligar a empresas con tesorería cripto a vender activos.
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El índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) podría obligar a empresas con tesorerías en criptomonedas a realizar liquidaciones masivas de activos si entran en vigor las reglas propuestas para excluirlas de sus índices.
El grupo de defensa BitcoinForCorporations estima salidas de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares basándose en un análisis preliminar de 39 empresas con una capitalización de mercado ajustada combinada de 113.000 millones de dólares. Strategy, que representa el 74,5% del total afectado, podría enfrentar salidas de 2.800 millones de dólares, según cálculos de JPMorgan.
El grupo recopiló 1.268 firmas en contra de la propuesta de MSCI de octubre para eliminar de sus índices a empresas con balances mayoritariamente cripto. Estas exclusiones afectarían de forma significativa a los fondos pasivos, ya que los índices de MSCI determinan las participaciones obligatorias.
Los analistas proyectan salidas totales de 11.600 millones de dólares en todas las empresas afectadas. Esta presión vendedora impactaría mercados que ya llevan casi tres meses en tendencia bajista.
BitcoinForCorporations argumenta que las métricas de balance juzgan injustamente a las empresas operativas. El grupo afirma que las compañías mantienen clientes, ingresos, operaciones y modelos de negocio sin cambios pese a tener Bitcoin.
MSCI planea anunciar sus conclusiones finales antes del 15 de enero, con cambios efectivos en la Revisión de Índices de febrero de 2026. Actores del sector, incluida la empresa Strive que cotiza en Nasdaq, instaron a MSCI a dejar que el mercado decida el 5 de diciembre.
Strategy señaló en su carta de diciembre que el cambio de política sesgaría a MSCI contra las criptomonedas como clase de activo, en lugar de mantener neutralidad. La firma sostiene que los índices deben ser imparciales.
Los críticos dicen que los fondos pasivos enfrentarían ventas forzadas independientemente de los fundamentos o el rendimiento de las empresas. La propuesta afecta a compañías de múltiples sectores que mantienen activos digitales como reservas de tesorería.
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